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En febrero de este año, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anunció que revisaría el caso presentado en 2018. El tribunal “concedió una petición de nueva audiencia en pleno presentada por los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses en el caso Ramos v. Mayorkas”, dijo la ACLU en un comunicado. “El 9º Circuito desestimó una decisión anterior de un panel de tres jueces”, agregó.
El proceso legal tiene a miles de familias en vilo.
“Durante cinco años mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de dos décadas y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la administración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, indicó.
En el fallo emitido en febrero, la jueza que preside la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Mary H. Murguia, dijo que “con el voto de la mayoría de los jueces activos no recusados, se ordena que este caso se vuelva a escuchar en pleno de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 35(a) y la Regla de Circuito 35-3”. Y agregó: “La opinión del panel de tres jueces está anulada”, lo que significa que los cerca de 300,000 afectados están protegidos de la deportación hasta que la disputa judicial finalice.
Mientras el caso permanece en manos de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en noviembre del año pasado el gobierno de Biden anunció que los TPS de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán fueron extendidos hasta el 30 de junio de 2024.
La nueva extensión que anunciará el gobierno
La extensión de los TPS anunciuada este martes permitirá a los actuales 337,000 titulares de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal continuar viviendo en Estados Unidos por otros 18 meses. “A través de la extensión del Estatus de Protección Temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.
El programa, además del amparo de deportacion, otorga una autorización de empleo válida por el mismo período de tiempo.
“Son los mismos que se vieron afectados cuando el expresidente Trump canceló el programa en 2018”, reiteró Torres. “Y son los mismos que ahora penden de un hilo por la decisión que debe tomar la Corte de Apelaciones del 9º Circuito”, indicó.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que, de acuerdo con su base de datos, al 2021 había 241,699 salvadoreños protegidos por el TPS, 76,737 hondureños, 4,250 nicaragüenses y 14,556 nepalíes.
En el caso de los TPS de Honduras y Nicaragua, la protección humanitaria fue otorgada a principios de 1999 en respuesta al paso del huracán Mitch en octubre de 1998 por la costa Atlántica de Centroamérica.
El TPS de El Salvador fue autorizado en marzo de 2001 tras los devastadores terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año en San Salvador, la capital.
El TPS a Nepal fue otorgado en respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7.8 del 25 de abril de 2015.
En julio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que extendía hasta el 10 de marzo de 2024 el TPS de Venezuela que le permite a miles de indocumentados de ese país sudamericano permanecer en el país legalmente aun cuando no hayan regularizado su situación migratoria. Los titulares también tienen acceso a un permiso temporal de trabajo.
