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La Asociación Americana de abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC) aplauden la defensa hecha el martes por los abogados del gobierno en una audiencia de casi dos horas y media presidida por los magistrados de la Corte Suprema, quienes revisan las prioridades de deportación del presidente Joe Biden.
Las prioridades de deportación del gobierno rigen desde finales de septiembre del año pasado tras la publicación de un memorando por parte del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
Pero el protocolo fue bloqueado por un juez federal de Texas tras una demanda entablada por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que la política de deportaciones de Biden viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El juez federal Andrew Tripton dio la razón a los demandantes señalando en el dictamen que “el Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”.
Tripton también escribió: “Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque”.
En otra demanda similar entablada en marzo por Arizona, Ohio y Montana, también gobernados por republicanos, un juez federal de Ohio falló a favor de los demandantes y dejó en suspenso las prioridades de deportación. Pero en julio un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito permitió que el gobierno las restableciera.
Sin embargo, la orden no entró en vigor hasta que la Corte de Apelaciones del 5to Circuito resolviera una petición del gobierno para desestimar el fallo de Texas.
Mientras avanzaban las disputas jurídicas en ambos circuitos, el gobierno de Biden solicitó en julio a la Corte Suprema dejar sin efecto el dictamen de Texas. En una decisión dividida 5-4 los magistrados rechazaron el pedido, pero aseguraron que revisarían las prioridades de deportación en el otoño.
Escenario inimaginable en las prioridades de deportación
La audiencia prometida se celebró el martes, cuando el máximo tribunal de justicia escuchó los argumentos orales de los abogados de ambas partes en el caso Estados Unidos v. Texas, “y donde surgió una visión verdaderamente distópica” (ficticia)”, dijo Jeremy McKinney, presidente de AILA.
“Tal como lo imaginó Texas, Estados Unidos se convertiría en un país en el que invertimos miles de millones de dólares en fondos para el cumplimiento de la ley con el objetivo de que los agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puedan inundar nuestras comunidades buscando y deteniendo activamente a cualquiera que parezca ser deportable”, indicó.
McKinney agregó que, “peor aún, si en opinión de un estado el gobierno federal no fue lo suficientemente agresivo, se le puede ordenar que ejecute la ley de inmigración de acuerdo con los deseos de ese estado”, puntualizó.
El presidente de AILA también comentó que “afortunadamente” el gobierno federal hizo frente hábilmente a esta extralimitación histórica. “Después de los argumentos, está claro que el estado de Texas no tenía legitimación para presentar esta demanda porque la Administración Biden no lo ha perjudicado legalmente al establecer prioridades de aplicación como lo han hecho sus predecesores de ambos partidos”, en referencia a los presidentes Barack Obama y Donald Trump.
AILA sostiene que las prioridades de deportación “son una herramienta legítima para que cualquier administración tome decisiones sobre cómo y de qué manera dirigirá sus recursos finitos para hacer cumplir la ley de inmigración (INA)”.
“También pasa a ser ley establecida”, apuntó. “El difunto juez Scalia, escribiendo para un tribunal unánime hace 23 años, dejó claro que, en cada etapa de una acción de ejecución, ‘la determinación de retener o terminar la deportación se limita a la discreción administrativa’”.
AILA dijo esperar que en este debate prevalezca “el sentido común y la justicia”, y que la Corte Suprema “establecerá firme y claramente que la Administración Biden actuó dentro de su poder exclusivo para brindar servicios de inmigración y orientación de aplicación a su personal”.
Estrategia equivocada
El Consejo Estadounidense de Inmigración consideró la demanda de Texas y Louisnaa como una estrategia equivocada que usa los tribunales de justicia para dictar políticas partidistas.
“Durante la última década los estados han intentado usar los tribunales para dictar políticas de inmigración”, dijo Kate Melloy Goettel, directora de litigios del AIC. Y señaló que la Corte Suprema “tiene la mejor oportunidad, en años, para afirmar la autoridad bien establecida del gobierno federal para establecer sus propias prioridades de ejecución y elegir a quiénes apunta para la deportación y a quiénes no”.
Melloy Goethel dijo además que “nuestro sistema de inmigración funciona mejor cuando los funcionarios federales deciden cuándo priorizar la aplicación de la INA”. Y que estados como Texas “han buscado repetidamente hacer que nuestro sistema de inmigración sea más duro e inhumano al revocar la autoridad federal de inmigración de manera inconsistente con nuestras leyes de inmigración y años de precedentes judiciales”.
“Nuestras leyes permiten la discrecionalidad procesal, y nuestro sistema de aplicación de la ley de inmigración requiere un nivel de discreción para dar cabida a la humanidad y el sentido común”, apuntó.
Por su parte, Gregory Z. Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de AILA, indicó que en la audiencia del martes los demandantes trataron de dictar “de manera inapropiada la política federal de inmigración como una cola que mueve al perro”. Y dijo que el DHS “sigue una estrategia agresiva de aplicación de la ley de inmigración que captura y detiene a miles de inmigrantes y aplica medidas de aplicación duras, a menudo inhumanas, para disuadir a las personas de ingresar a Estados Unidos sin autorización”.
“Es un principio bien establecido que se remonta a décadas y abarca administraciones de todo tipo, que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tienen discreción para establecer prioridades y ejercer la discreción procesal”, subrayó. “La ley no exige que el DHS siga los deseos de ningún estado en particular, y Texas no ha demostrado ante el Tribunal que esta política de cumplimiento impone un costo neto significativo al estado que le daría derecho a demandar”.
Las prioridades de deportación
La decisión de la Corte Suprema será dada a conocer en la primavera del 2023. Mientras tanto, nadie puede prever cuál será el fallo y cómo se resolverá esta disputa jurídica.
Lo que nadie pone en duda es que, cualquiera sea la decisión de los magistrados, tendrá implicaciones significativas “no solo para la capacidad del poder ejecutivo para establecer políticas de inmigración, sino también para la capacidad de los estados”, se lee en un análisis publicado por el sitio Scotusblog.
Las prioridades de deportación del gobierno de Biden están enfocadas en aquellos extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad de Estados Unidos:
- Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas; él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
- Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: representa una amenaza para la seguridad pública y; él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.
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Cuando la Corte Suprema decidió tomar el caso, ordenó a las partes que abordaran tres preguntas:
- Si los estados tenían el derecho legal de presentar su demanda, un concepto conocido como legitimación.
- Si las leyes federales de inmigración requieren que el gobierno federal detenga a los no ciudadanos que hayan cometido ciertos delitos después de su liberación de la prisión y mantenga bajo custodia a los no ciudadanos que están sujetos a órdenes finales de deportación.
- Si el juez federal Tipton tenía el poder de impedir que la Administración Biden implementara la política en todo el país.
Scotusblog indicó que es probable, por el desarrollo de la audiencia del martes, que la Corte Suprema, antes de emitir una sentencia en la primavera del 2023, solicite más información a las partes.
